El robo de combustible a Pemex y la impotencia del Gobierno
En esta semana, Pemex dio a conocer una nueva estrategia para combatir el robo de combustibles de los ductos; la estrategia consistirá en enviar por esos ductos gasolinas y diésel no terminados, los cuales tendrán el procesamiento industrial final en las terminales de almacenamiento de la empresa en el país, para, posteriormente, ser entregados a los establecimientos de distribución autorizados (LJ, 18 febrero). Además advirtió a los usuarios de energéticos, de asegurarse de que el combustible que están adquiriendo proviene de las plantas terminales de Pemex, solicitando en el establecimiento el comprobante de compra, ya que, de lo contrario, pondrían en riesgo el motor de su vehículo.
El fundamento de la decisión de la empresa petrolera lo constituye la siguiente información: la perforación de tuberías para la extracción ilegal de combustible en el año pasado de 2014, fue de 3,674 tomas clandestinas; el incremento de las tomas pasó de 1,550 en 2012, a 2,167 en 2013. Es decir, en los dos años de la presente administración del Presidente Enrique Peña, las tomas clandestinas se elevaron un 137 por ciento.
El costo de las pérdidas estimado por su Director, Emilio Lozoya, de septiembre de 2013 a agosto de 2014, fue de 7.5 millones de barriles, lo que representa 15 mil 300 millones de pesos en pérdidas de la empresa (El Financiero, 19 de septiembre de 2014, ocasión en que el funcionario acudió al Congreso de la Unión con motivo del 2º Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal). En esta fecha habló de la necesidad de coordinación de trabajos con los tres niveles de gobierno, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Federal del Consumidor, Protección Civil, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y las Fuerzas Armadas, “para emprender acciones interinstitucionales para el abatimiento de la sustracción y del mercado ilícito de combustibles”. El robo de combustibles también ha causado innumerables accidentes que han provocado daños personales y ecológicos.
Ante el presente escenario, podemos considerar varios aspectos: el primero, necesariamente, es el del grado de avance del combate a la delincuencia organizada y las estrategias de seguridad operadas por la actual administración federal; el contexto en que se está dando la perforación de ductos y el robo de combustibles; y las alternativas de solución que está aplicando Pemex.
En el último aspecto, es claro que la alternativa aplicada por la empresa petrolera, aunque puede ser justificada, sin embargo, termina responsabilizando a los consumidores por los posibles daños que puedan causarse a los motores de los vehículos, además de solicitarles su colaboración para identificar a los delincuentes.
Es una alternativa de solución que parece poner en evidencia la impotencia por la que está pasando el Gobierno de la República; impotencia señalada por el fracaso de las estrategias de combate a la delincuencia organizada, al lavado de dinero, y también al combate a la corrupción. Aceptar esta alternativa equivaldría a aceptar que el Gobierno es incapaz de lograr la efectiva coordinación de las dependencias señaladas por el Director de Pemex, y que las estrategias de seguridad pública, en este renglón, no están generando los resultados esperados. También equivale a que el Gobierno de la República deja de lado la responsabilidad de hacer cumplir el estado de derecho, y disponerse, de esta forma, a sobrellevar los males ‘menores’ –como es el dejar de enviar por los ductos los productos terminados-, ante la hegemonía de la delincuencia organizada (Se habla, incluso, de que los tramos de la red nacional de ductos donde se han encontrado las tomas clandestinas, están ‘concesionadas’, participando en el encubrimiento las autoridades competentes).
Las preguntas ahora son ¿por qué no orientar las acciones al combate efectivo del robo de combustible? ¿Qué impide al Gobierno, con toda su fuerza y sus recursos, a decidirse por una acción de fondo? La respuesta a estas preguntas nos lleva, desafortunadamente, al punto que ahora está siendo cada vez más recurrente en nuestro país, como es la corrupción, acompañada de la impunidad y los conflictos de interés. Desde el Presidente de la República, hasta Secretarios de Gabinete y legisladores de su partido político, se siguen resistiendo tanto a darse cuenta de que ellos mismos están involucrados en presuntos casos de corrupción –que siguen sin atender-, como también en darse cuenta del efecto que tiene este punto en muchos otros servidores públicos, al sentirse ‘amparados’ también para repetir esas acciones ilícitas –ante el hecho de que ‘el ejemplo arrastra’-.
En la misma cita de La Jornada, leemos lo siguiente: “los caciques de las secciones 24, 15, 40 y otras del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana; el presidente del consejo general de vigilancia, Ricardo Aldana; el secretario general del gremio, Carlos Romero Deschamps, y socios y amigos del dirigente son los que controlan gasoductos y oleoductos a lo largo y ancho del país, donde se encuentran tomas clandestinas de gas, diésel, gasolina y otros derivados del petróleo” (cita de un escrito entregado en la Presidencia de la República por la Gran Alianza Petrolera y el Frente Nacional Petrolero, integrado por disidentes del sindicato).
¿Cuál es la respuesta a los señalamientos al sindicato? La exoneración del dirigente sindical por el mismo Gobierno de la República y por su partido político (a diferencia de las acciones –hasta ahora todavía no fundamentadas en el proceso judicial- que se le siguen a la ex dirigente del sindicato de maestros). Exoneración que significa que si se procesaran las acusaciones a Carlos Romero, saltaría a la vista la colusión y el involucramiento de algunos otros políticos poderosos.
Finalmente, estará por verse si, efectivamente, la medida tomada por Pemex refleja la impotencia del Gobierno ante este y otros problemas que vive el país; o evidencia el segundo aspecto, de la tríada corrupción-colusión-impunidad, lo cual sería altamente preocupante, ya que la sociedad mexicana se tendrá que preguntar en manos de quién está.
Por: Abelardo Reyes Sahagún